Hacia un reconocimiento de la traducción como creación

Ruedas de prensa, firma de ejemplares, notas en los medios, canjes, regalías y, con algo de suerte, cierta dosis de reconocimiento. Cuando un autor presenta una nueva obra, más aún si ostenta una trayectoria reconocida o si por determinada razón la publicación alcanza considerable grado de repercusión, una serie de puertas se abren en el mismo momento en que la rueda de la industria editorial comienza a girar. Pero en medio de las serpentinas de esa fiesta de la cultura que es la publicación de un nuevo texto, pocos o acaso nadie se pregunta por los traductores. ¿Cuántos advierten la centralidad de esa tarea para que acontezca el descorche? ¿Tienen quienes traducen el reconocimiento simbólico y material que merece la labor? Algunas de estas preguntas motorizaron a un conjunto de traductores de largo recorrido profesional a conformar el Grupo Ley de Traducción Autoral (Grupo LDTA), en el año 2013, para comenzar a delinear un proyecto de ley que lograra otorgar un marco normativo para la tarea. A partir de entonces, los profesionales recibieron el apoyo de editores, libreros, escritores, periodistas, docentes, estudiantes y representantes de la política interesados en la legislación cultural, y comenzaron a transitar el primer tramo de un largo camino legislativo. Ahora, el proyecto de ley aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados, particularmente en las comisiones de Legislación General, ahora a cargo del macrista Daniel Lipovetsky, y en la comisión de Cultura, en cuya presidencia quedó designado recientemente el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié.
En el Grupo LDTA convergen Estela Consigli, Andrés Ehrenhaus, Laura Fólica, Pablo Ingberg, Griselda Mársico y Gabriela Villalba, quienes –entrevistados por PERFIL– solicitan se los cite colectivamente, y analizan: “La actividad de los traductores autorales está regulada por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Pero la situación es particularmente precaria, porque si bien la ley los considera autores, en los hechos se los trata como simples prestadores de servicios”. Es decir: el trabajo de un traductor es para gran parte de las empresas editoriales una mera provisión de servicios, tal como el que presta una empresa que se encarga de la limpieza o de la repartición de los bidones de agua. Los integrantes del Grupo LDTA explican que bajo la actual normativa “los traductores autorales, que trabajan aislados y no cuentan con ningún tipo de agremiación, suelen verse obligados a aceptar las tarifas y condiciones que les imponen”, y agregan: “Así, la remuneración es muy desproporcionada respecto del esfuerzo, la dedicación y la formación necesarios, los plazos de entrega son demasiado cortos, y no siempre se firman contratos ni se pagan las regalías correspondientes, lo cual redunda en que, con este grado de precariedad laboral y sin un marco regulador coherente, la calidad de las traducciones pende de un hilo”.

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